Mientras en México querían ponerle impuestos a los videojuegos, en Brasil intentaron prohibir Counter Strike. Les salió muy mal

Los gobiernos de países importantes han encontrado en los videojuegos un chivo expiatorio para culpar de todos los males en la sociedad. Basta con recordar el impuesto a los videojuegos violentos de México, que se desató una enorme polémica en 2025. Sin embargo, el caso que tuvo que afrontar Counter Strike es mucho peor, con una prohibición de por medio en Brasil que resultó ser completamente inútil... incluso con vacíos legales importantes.

Prohibieron Counter Strike por ser nocivo para la salud

Esta historia comienza en 2008, cuando un polémico mapa creado por la comunidad de Brasil desató la controversia. Desde ese entonces, Counter Strike ya era un verdadero gigante del gaming, con una comunidad brasileña activa. En ese año, se viralizó CS_Río, un mapa fanmade que ponía a los jugadores a elegir un bando: terroristas que secuestraban a miembros de la ONU en Río de Janeiro; o policías que trataban de rescatarlos.

Como detalla la nota de Kotaku de dicho año, el fanmade se volvió lo suficientemente popular para captar la atención del gobierno. La agencia de protección al consumidor, PROCON, destinó recursos para demandar la prohibición de venta de Counter Strike en las tiendas cariocas. El resultado fue que un juez aprobó las restricciones, quedando estrictamente "baneados" de todos los establecimientos físicos.

Mapa CS_Río

Los argumentos de que "el juego impulsaba comportamientos violentos, instruía a la juventud en estrategias militares y ser nocivo para la salud de la población" fueron utilizados en la resolución del caso. De igual manera, EverQuest fue prohibido, junto a CS, en enero de 2008. Los lugares que acataran la medida, serían multados con fuertes sumas de dinero, convirtiendo el acceso a estos videojuegos sumamente complicado... pero no imposible.

El vacío legal que ocuparon los jugadores

Sin embargo, lejos de derrotar a la comunidad brasileña de Counter Strike, esta encontró un vacío legal para seguir jugando, uno bastante obvio. Y es que la medida solamente iba en contra de vendedores de videojuegos, mas no de los propios jugadores. Por lo tanto, si tenían ya el juego descargado en tu PC, podías acceder a él sin ningún problema ni violentar alguna ley —sin mencionar los sitios ilegales en donde se podía conseguir—. Así que esto no mermó la popularidad del mega éxito de Valve.

Un año más tarde, en 2009, se levantó la restricción, volviendo a Counter Strike a las tiendas de Brasil. Lejos de desaparecer, el shooter de Valve siguió creciendo en el país sudamericano y demostró lo poco efectiva que fue la medida. Al final, el caso quedó como un recordatorio de cómo las decisiones tomadas desde el desconocimiento del medio suelen fallar al intentar frenar la popularidad de los videojuegos.

En México, el impuesto adicional fue un fracaso

Inevitablemente, la polémica en el país carioca nos trae a la memoria a lo que vimos en México no hace mucho. Dentro del Paquete Económico 2026, planteado por la Secretaría de Hacienda, se integró un impuesto adicional del 8% de su precio a los considerados "videojuegos violentos". Sin embargo, la falta de argumentos sólidos, así como de una medida estándar que determinara qué juegos podrían ser catalogados de esa manera, desestimaron la propuesta.

El impuesto ya había superado varios filtros en el Congreso, estando a un solo paso de convertirse en ley empezando 2026. Lo único que podía detenerlo era el mandato presidencial, cosa que terminó sucediendo. Claudia Sheinbaum admitió que la propuesta carecía de solidez, por lo que solicitó excluirlo dentro del Paquete Económico. Ambas historias nos demuestran que, pese a la censura, la comunidad de jugadores ha encontrado maneras de seguir disfrutando su hobby favorito.