Legisladores en México impusieron una demanda contra PlayStation, y decidí investigar si la ley mexicana realmente tiene el poder de obligar a Sony a fabricar discos

¿Será posible revertir la desaparición de los juegos en disco en México? Desde el momento en el que Sony anunció que dejaría de producir juegos en formato físico, los fanáticos que todavía compraban en su Elektra de conveniencia se pusieron a pensar cómo podrían impedirlo o, cuando menos, hacerle la vida imposible a PlayStation. La cosa es que el escándalo llegó al punto en el que los legisladores de nuestro país escucharon el reclamo y decidieron, por una vez en su vida, tomar cartas en el asunto.

Fueron Iraís Reyes, la diputada gamer, y el senador Luis Donaldo Colosio, quienes apenas a comienzos de esta semana anunciaron una denuncia contra Sony ante la Comisión Nacional Antimonopolio. Su argumento es sencillo: si PlayStation elimina los discos, Sony no solamente fabricará la consola y controlará su sistema operativo, sino que también se convertiría en la única puerta de entrada para comprar juegos dentro de su plataforma. Un monopolio, pues.

Pero ¿realmente lo es? ¿qué significa esta denuncia? ¿La Comisión Nacional Antimonopolio puede obligar a PlayStation a conservar el lector? ¿Sony está cometiendo un delito? ¿Y qué tan probable es que todo esto llegue a algún lado? Vamos a averiguarlo.

¿Qué es la Comisión Nacional Antimonopolio?

Pero primero, lo primero. ¿Qué es la Comisión Nacional Antimonopolio? Partamos aclarando que esto no es la Profeco, porque cuando se trata de PlayStation, es común que todo termine ahí. Pero la Profeco atiende problemas relacionados con consumidores, mientras que la Comisión Nacional Antimonopolio, conocida como CNA, es la autoridad encargada de proteger la competencia económica.

Es un organismo público cuya chamba consiste en investigar y combatir aquellas prácticas que puedan impedir que los mercados funcionen correctamente, para no decir lo obvio: combatir los monopolios. Puesto de un modo más simple, la Comisión interviene cuando existen indicios de que una empresa está utilizando su poder para cerrarles el paso a sus competidores, imponer condiciones abusivas o controlar un mercado de una manera que perjudique el proceso de competencia.

¿Qué hicieron realmente los legisladores?

Ahora bien, lo que Reyes y Colosio hicieron no equivale a demostrar que Sony es culpable. Tampoco significa que la Comisión ya esté investigando formalmente a PlayStation, porque ni siquiera sabemos si ya presentaron la denuncia o cuáles son los pasos necesarios.

La denuncia es, en esencia, una solicitud para que la autoridad en cuestión eche un ojo y determine si existen elementos suficientes como para abrir un expediente. Y Reyes y Colosio tampoco necesitan una facultad especial para hacerlo. Cualquier persona puede denunciar posibles prácticas monopólicas ante la autoridad. Hasta tú.

Entonces no se trata todavía de una demanda judicial, ni mucho menos de una resolución contra Sony. Es una denuncia. Tampoco sabemos aún si procederá o no. Pero, una vez recibida, la Autoridad Investigadora cuenta, en principio, con 15 días para tomar uno de tres caminos: iniciar la investigación, desechar la denuncia o pedirles a los denunciantes que aclaren o completen la información presentada.

Así que lo primero de lo que tendremos que estar atentos no será que Sony reciba una multa o que los discos sean salvados en automático. Será saber si la Comisión considera que realmente existen indicios de práctica anticompetitiva, según lo marca la Ley de Competencia Económica.

¿Cuál es la conducta que se está denunciando?

Aunque no lo dicen como tal, si te das un clavado en la Ley, concluyes que los legisladores hablan de una práctica monopólica relativa. O sea, están acusando a Sony de utilizar el control que tiene sobre PlayStation para desplazar a otros vendedores y convertir su propia tienda en el único canal de distribución.

De acuerdo con el texto, la Ley Federal de Competencia Económica considera prácticas monopólicas relativas a los actos donde las empresas, con poder sustancial desplazan indebidamente a otros participantes, les impiden el acceso al mercado, establecen ventajas exclusivas o limitan su capacidad para competir.

Entonces, la lógica de la denuncia sería: Sony vende una consola que únicamente puede ejecutar software autorizado por ella. Elimina el lector y, con él, la posibilidad de comprar juegos mediante distribuidores independientes. Mantiene PlayStation Store como el único establecimiento permitido para adquirir juegos completos. Y finalmente, cobra a los editores una comisión por utilizar esa misma tienda.

Entonces Sony controla todo: la plataforma, el acceso a los consumidores, las condiciones y el punto de venta. Y, aunque al comienzo nos enfocamos mucho en el tema de la conservación de los juegos, este otro lado de la tortilla NO es nada descabellado como objeto de la denuncia. Pero el meollo será demostrar este monopolio. Parece claro, pero no lo es. Por eso ustedes y nosotros no somos especialistas.

La batalla estará en definir cuál es el mercado

Si este asunto avanza, la gran pregunta será ¿en qué mercado compite Sony? Si la Comisión determina que el mercado está formado por todas las consolas y todas las formas de jugar videojuegos, Sony podría afirmar, entonces, que no tiene un monopolio, porque los consumidores pueden comprar un Xbox, un Nintendo, jugar en PC, utilizar dispositivos móviles o contratar servicios en la nube. Y bajo esa definición, PlayStation Store compite con muchas otras alternativas.

Pero la denuncia podría describir un mercado mucho más compacto: la distribución de videojuegos digitales para usuarios que ya poseen una consola PlayStation. Dentro de ese mercado no existe competencia. Si tú ya compraste una PlayStation, no puedes entrar a la tienda de Xbox, o de Steam o de Nintendo y adquirir ahí una versión del juego compatible para tu consola. Solamente puedes comprarla en la PlayStation Store.

Ahora bien, Sony seguramente alegará que el consumidor conoce esas condiciones desde antes de comprar la consola y, por lo tanto, la competencia ocurre entre plataformas completas. Entonces la Comisión tendrá que estudiar si cambiarse de consola constituye una alternativa real o si el costo de abandonar una biblioteca, una cuenta, tus suscripciones, trofeos y amigos, te aprisiona, por ponerlo de alguna manera. Y cuando decimos estudiar, hablamos de un análisis súper meticuloso que va a llevar un ratote.

Ésa será la discusión real y de fondo, no simplemente si los discos son importantes para conservar tus juegos, y si el derecho a tenerlos, y la compraventa, y el intercambio y todo eso.

¿Puede la Comisión detener el plan de Sony?

En teoría, la Comisión cuenta con herramientas importantes para detener a Sony. Después de todo, para eso está la autoridad. La ley permite que la Comisión le solicite documentos, los cite a declarar, realice visitas de verificación y exija información electrónica. De nuevo: es la autoridad. También puede dictar medidas cautelares, puede ordenar la suspensión provisional de actos probablemente prohibidos mientras se desarrolla una investigación.

Ahí entraría justo una suspensión a la decisión de eliminar los discos, en lo que se llevan a cabo las indagaciones. Pero, para llegar a esto, la autoridad tendrá que demostrar que existe una conducta probable, un riesgo para la competencia y la necesidad de intervenir antes de llegar a una resolución.

Además, hay un problema –siempre hay un problema–: si la eliminación de los discos está prevista para 2028 y todavía no ha sucedido, la Comisión deberá valorar si existe un acto concreto que pueda suspender o solamente un plan futuro cuya forma definitiva aún podría cambiar.

Por eso, presentar la denuncia con anticipación tiene sentido, pero el caso como tal podría ser más complicado. Es más sencillo medir los efectos de algo que ya pasó que calcular todos los daños de una decisión anunciada para dentro de varios años.

¿Qué pasaría si la investigación avanza?

Una investigación puede durar entre 30 y 120 días, pero la ley permite ampliarla hasta tres veces por períodos adicionales de hasta 120 días. En otras palabras, en un asunto complejo, esto podría prolongarse un chorro.

Y durante ese tiempo no se está juzgando formalmente a Sony. La Autoridad Investigadora recopila información y trata de determinar si existe una posible violación. Si no encuentra evidencia suficiente, cierra el expediente. Por otro lado, si considera que sí existen elementos, ahora sí viene un juicio. Sony tendría derecho a conocer la acusación, responder, presentar pruebas, ofrecer argumentos económicos y justificar su modelo de negocio.

Sony también podría defenderse diciendo que prescindir de los discos abarata la fabricación y la distribución, reduce desperdicios y le permite invertir más en otros servicios. En pocas palabras: aunque la medida limite opciones, la empresa trataría de demostrar que los beneficios para ti, como consumidor, compensan esas posibles afectaciones. Y solamente después de todo ese proceso, se podría emitir una resolución.

¿Qué castigos podría recibir Sony?

Entonces, si y solo si la cosa llega hasta acá, y la autoridad concluye que Sony incurrió en una práctica monopólica relativa, se podría ordenar la corrección o eliminación de esa conducta. E incluso así, eso no necesariamente significa obligarla a fabricar discos para siempre.

Hay un modelo del universo en el que se le exige a Sony que permita la existencia de tiendas digitales de terceros, de códigos de descarga vendidos por otros comercios, mecanismos para transferir licencias o alguna forma de competencia dentro de su ecosistema. También se podrían establecer condiciones de acceso para editores y distribuidores o impedir ciertas políticas exclusivas.

Y, en el peor escenario para Sony, la Comisión podría imponerle una multa de hasta 10% de sus ingresos y obligarla a cambiar aquello que considere anticompetitivo. Pero una resolución así tampoco sería el final porque Sony podría impugnarla ante tribunales especializados, lo que extendería el conflicto durante meses o años. Vaya, podríamos estar muertos antes de verle el final a esto.

¿Qué es lo más probable que ocurra?

Pero ya dejando atrás la fantasía, siendo honestos, lo más probable no es que la Comisión obligue a Sony a conservar el Blu-ray. Primero va a revisar si la denuncia contiene elementos suficientes y si plantea una conducta que pueda investigarse bajo nuestra ley.

Después viene lo que ya dijimos –y que es un problemón– de definir cuál es el mercado al que Sony está afectando. No basta con decir que controla PlayStation. La Comisión tendría que demostrar que realmente domina ese mercado y que eliminar los discos perjudica a otras tiendas, limita la competencia o deja al consumidor sin alternativas reales.

También será necesario separar dos ideas medio confusas: una empresa tiene derecho a diseñar su producto, pero ese derecho no necesariamente le permite utilizar un ecosistema cerrado para bloquear toda competencia comercial posterior. Nosotros no somos legisladores, ni abogados. Parece que la denuncia tiene sustancia. Pero de ahí a especular sobre si esto va a salvar a los discos, suena bien optimista, especialmente porque parece que, mientras no se lleve a cabo, no es algo que sea fácil de juzgar.

Pero no deja de ser algo positivo. Ya de perdida, en una de esas todo esto sirva para, cuando menos, poner sobre la mesa un mejor entorno para nosotros, los consumidores, incluso si ya no hay discos. Porque aunque nos hemos enfocado mucho en el asunto de la conservación y los intercambios y tal, el problema real es qué derechos conservamos cuando nuestra compra deja de ser un objeto y se transforma en un permiso administrado precisamente por la misma compañía que controla la única tienda disponible. Y esa respuesta igual importa más que el destino del disco.